La concentración de los medios de comunicación en la Argentina es una verdad incontrastable de la que muy poco se habla. Ese cuasi silencio está, precisamente, abonado y alimentado por esos mismos conglomerados empresarios a los que les conviene no echar luz sobre lo que necesitan mantener en la sombra. Son menos de una decena de empresas que poseen la propiedad de practicamente toda la prensa escrita y radioeléctrica a lo ancho y largo de la Argentina, con lo que pueden asi dominar a su antojo lo que los argentinos, periodistas o no, tienen que leer, escuchar y comentar de manera cotidiana. Es lo que se conoce como "instalar la agenda del día".
Esa concentración de la prensa en tan pocas manos permite además, promover una uniformidad discursiva que moldea de manera tendenciosa el criterio y la opinión de los consumidores de esos medios. La verdad es la que se instala desde esos medios, y lo que no se adecua a esa verdad mediatizada está fuera de la lista de discusión. Y para cumplir con ese objetivo, esos medios apelan a una gama de recursos entre los que se cuentan el sofisma, la mentira, el recorte de la información a la medida de la línea editorial, la edición de imágenes y sonidos (audios, reportajes, testimonios, etc). Los que consumimos los medios estamos entonces sometidos a una suerte de dictadura mediática. Y al no tener posibilidad de optar, de elegir otro medio alternativo, diferente, con otra mirada, solo recibimos esa verdad elaborada por las grandes corporaciones. Una verdad hecha a su medida y en defensa de sus propios intereses.
Ahora, esas mismas firmas comerciales (al fin de cuentas, no son otra cosa que empresas que hacen negocios multimillonarios con la publicación de noticias) ponen el grito en el cielo, enardecen de cólera e indignación por las críticas formuladas al desempeño de los (sus) medios durante el lock out del campo de parte del Observatorio de Medios al que se sumó recientemente la carrera de Comunicación Social de la facultad de Cs. Sociales de la UBA y que integran otros organismos públicos. En su grito histérico, esas empresas dueñas de los medios denuncian que se esta consumando un ataque contra la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión, que el gobierno quiere controlar a la prensa, que busca evitar que los periodistas opinemos con libertad y de manera democrática. Un ejercicio pocas veces visto de hipocresía y mendacidad consumado a traves de declaraciones, editoriales, comunicados, denuncias y menudencias de diferente tipò pero de la misma calaña. Sin embargo, esas mismas empresas y corporaciones que las defienden no emitieron el más minimo comentario frente a la embestida judicial lanzada por el grupo Vila-Manzano contra el canal 7, para impedir que la señal del canal público llegara de manera gratuita a miles de mendocinos, atrocidad que por fortuna ya fue corregida.
Entonces ¿porqué protestan, porqué enardecen y pegan semejantes alaridos?. Alejandro Kauffman, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA respondió de manera brillante a esta pregunta en una entrevista publicada el domingo 13 de abril en Pagina 12: "Una libertad de expresión anclada en la libertad de las empresas concentradas dista mucho de garantizar el ejercicio pleno de ese derecho básico. Resulta llamativo que se sientan vigilados porque alguien los va a mirar de otro modo que el que ellos prescriben. Es eso lo que rechazan, que alguien, legitimado por instituciones destinadas a proteger derechos instale una discusión sobre las formas y los significados concernientes a los medios. Debería sorprender que se llame vigilancia a la observación de lo que está a la vista".
Un instrumento que, a mi juicio, podría comenzar a revertir de manera paulatina este mecanismo antidemocrático y absolutista del manejo empresarial de los medios de comunicación es la sanción de una nueva ley de radiodifusión, una deuda que nuestra "democracia" aun no nos ha saldado. Quizás ahora que se fue Julio Bárbaro (ver post anterior de comienzos de abril), que en su lugar está Gabriel Mariotto, que el doctor Gustavo López esta al frente del Sistema Nacional de Medios, que Luis Lázaro es el coordinador de esa área, que el canal 7 ha mejorado en calidad de gestión y contenidos, estemos ante una excelente oportunidad para discutirla y aprobarla. Reemplazar la ley de Videla y sus secuaces, por una que contemple claramente a todos los actores sociales que hoy la democracia y sus cómplices empresariales excluyen de manera deliberada en el manejo de los medios. Una ley que de manera democrática abra el juego para que los argentinos veamos respetado nuestro derecho constitucional al acceso de la información y la libre expresión, que redistribuya de modo equitativo el espacio radioeléctrico incorporando a todos aquellos que hoy no pueden acceder a una licencia y quitándoselas a quienes han hecho y siguen haciendo un verdadero abuso de poder desde la concentración de los medios. Periodistas y trabajadores de la comunicaciópn en general junto con el público al cual está destinado nuestro trabajo deberíamos encarar una tarea conjunta para exigirle de manera contundente a los poderes Ejecutivo y Legislativo que apuren de manera urgente la sanción de esa nueva ley. Es el mecanismo necesario para que "deje de sonar el clarin de una nación que solo es capaz de hacer una crítica cuando el ámbito financiero se ve atacado por quienes defendemos las causas nacionales y de las mayorías". O sea...
Hasta el próximo post.
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