Cuando leemos la crónica vemos que ambos diarios repiten el comunicado final de la asamblea de la entidad, en la que se hace una severa condena a la libertad de prensa en la Argentina. Y como en ocasiones anteriores, las críticas giran en torno de generalidades y conceptos subjetivos que de ninguna manera pueden ser tomados como ataques a la prensa o cercenamientos a la libertad de expresión.
Hacen hincapié en tres cuestiones puntuales, que son asumidas por ambos diarios como “ataques a la libertad de expresión”, “presiones para el libre ejercicio de la prensa”, “actitudes revanchistas de un gobierno que eligió a la prensa como su enemigo”. Obviamente, esas cuestiones puntuales son la investigación que está en manos de la justicia por las irregularidades en el traspaso accionario de Papel Prensa a Clarín y La Nación durante la dictadura militar, la causa judicial por la presunta apropiación de los hijos adoptivos de Ernestina de Noble durante la misma época y la puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o comúnmente denominada Ley de Medios.
Fuera de esos hechos, el comunicado no revela en ninguno de sus párrafos episodios concretos de censura, persecución, limitación, cierre de medios de comunicación o agresiones físicas a periodistas o empresarios del sector (por mencionar solo algunos) que puedan revelar, entonces sí, un panorama desalentador y peligrosos de la libertad de expresión en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que preocupa tanto a la corporación mediática?
Está clarísimo que el avance en la investigación judicial de dos hechos de profunda gravedad como los casos de Papel Prensa y los hijos adoptivos de la Noble son elementos que inquietan y molestan profundamente a los empresarios dueños de los dos diarios más grandes de la Argentina. Y por supuesto, la aplicación de la ley de SCA, que apunta a terminar de una buena vez con la concentración monopólica y la uniformidad discursiva. En consecuencia, elevan estos episodios a la categoría de presiones, agresiones y amenazas al ejercicio de la libertad de expresión. Dos causas judiciales que deben ser resueltas por los jueces y la aplicación de un legítimo acto de gobierno son caracterizados como maniobras cuasi delictivas. Y esta lectura es tomada como una verdad absoluta por la SIP pretendiendo así darle un carácter más “institucional” o trascendente. Nada, en definitiva, que deba sorprendernos tratándose de ese organismo que ha hecho del silencio frente a verdaderos ataques a la libertad de expresión como asesinatos de periodistas o cierre compulsivo de medios en Honduras o México un verdadero culto.
No hace falta aclarar que cualquier lector más o menos avezado, oyente de radio o televidente puede comprobar que libertad de expresión es lo que sobra hoy día en la Argentina, sobre todo para mentir, tergiversar, ocultar o deformar la información. Y esta crónica de la cumbre de la SIP en México que publican La Nación y Clarín, es un claro ejemplo de ello.
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Marcelo Bartolomé
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